Se intuía desde hace tiempo y ya es más que oficial. Habrá nuevas elecciones generales en España. La falta de acuerdos entre partidos prolonga el bloqueo político del país que sin duda dura ya demasiado tiempo, imposibilitando llevar a cabo las medidas que necesitan los españoles. Recopilamos las propuestas relacionadas con la vivienda para las elecciones del 10-N de los que con toda certeza serán los principales partidos a nivel nacional en número de votos.
Partido Socialista
El programa electoral del partido de Pedro Sánchez destaca en su apartado económico la importancia de elaborar unos Presupuestos Generales del Estado donde daría importancia a la cohesión social (gasto en educación, sanidad, dependencia, infancia y viviendas en alquiler para jóvenes) fomento de la inversión productiva y reducción del déficit público y de la deuda pública. En este primer apartado proponen también avanzar hacia la efectividad el derecho irrenunciable a una vivienda digna, asequible y sostenible. Lo amplían de esta forma: apoyaremos las iniciativas de CCAA y ayuntamientos destinadas a las personas sin hogar; fomentaremos el uso de vivienda de alquiler social y la construcción de nuevas viviendas de este tipo; se reestablecerá la renta básica de emancipación para el alquiler de vivienda por parte de jóvenes con ingresos bajos.
En lo referente al estado del bienestar, el Partido Socialista apuesta en estas elecciones del 10-N por políticas de vivienda que puedan prevenir la desestabilización económica de los hogares provocada por la inflación de precios inmobiliarios y por políticas que moderen el precio de la factura energética en los hogares. En el quinto punto, destaca que el Ministerio de Fomento ha adoptado medidas para contener el precio de la vivienda y favorecer el alquiler social. Destacan la aprobación del Real Decreto-ley de medidas urgentes para atender la emergencia social en materia de vivienda. Este ha sido un primer paso para facilitar el acceso a la vivienda a los colectivos en situación de vulnerabilidad. Mediante las medidas incluidas se dota de mayor seguridad al inquilino, al mismo tiempo que se incentiva la vivienda en alquiler, tanto pública como privada, y se mandata la creación de un índice estatal de referencia del precio del alquiler de vivienda. Además, buscan desarrollar un Plan Nacional de Fomento de la Emancipación Juvenil que implique a todas las administraciones públicas, entidades sociales y privadas, así como desarrollar políticas de urbanismo y vivienda que tengan en cuenta las necesidades de las personas mayores, para facilitar el acceso a las ayudas de adaptación o rehabilitación de la vivienda.
En el apartado que se refiere a “nuevos derechos para la ciudadanía en una sociedad digital”, los socialistas buscan impulsar la rehabilitación de vivienda rural y su uso para nuevos pobladores.
Partido Popular
Tratando de recuperar el terreno perdido en los anteriores comicios, el partido de Pablo Casado busca, en el apartado “Una revolución fiscal para el crecimiento económico y la competitividad” eliminar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para la constitución de hipotecas en la compra de la vivienda habitual.
En lo que se refiere a sociedad del bienestar, concretamente en lo relacionado a los mayores, los populares proponen rehabilitar viviendas y su adaptación a las personas mayores o con discapacidad con el objetivo de promover la accesibilidad total en el domicilio y en el entorno.
En el apartado de vivienda y urbanismo, el Partido Popular propone incrementar la deducción fiscal a los arrendadores por los ingresos derivados de la renta de los alquileres de las viviendas que sirvan de residencia habitual, especialmente cuando los arrendatarios sean jóvenes o mayores de 65 años con ingresos bajos. Así como impulsar la oferta de vivienda de nueva construcción para alquiler asequible favoreciendo fórmulas de cooperación público-privada, que mantengan la propiedad pública del suelo y garanticen una mejor eficiencia de los recursos públicos. Las viviendas irán destinadas prioritariamente a familias con hijos.
También hay mención a la vivienda en el medio rural de cara a las elecciones del 10-N: establecerían nuevas líneas de ayuda en los planes de vivienda para favorecer el acceso a la vivienda y el establecimiento de nuevos vecinos en las zonas rurales con escasa población.
En lo relativo a la ocupación ilegal de viviendas, se aprobaría una reforma civil y penal para proteger a los propietarios y a las comunidades de vecinos contra la ocupación ilegal de viviendas, contemplando suprimir el delito de coacciones para acciones tales como cambiar la cerradura, cortar la luz u otras que los propietarios ensayen, sin autorización judicial, con el objeto de recuperar la posesión de la vivienda usurpada. Además, en este sentido reforzarían el delito de usurpación de viviendas pasando de multa a pena de privación de libertad de uno a tres años y se modificará el Código Penal para la lucha contra las mafias de la ocupación. El PP también piensa en agilizar los procesos penales para facilitar el desalojo de las viviendas ocupadas, destacando que se lucha contra la delincuencia y la ocupación ilegal, no contra aquellos que están en una situación de precario. Además, los populares eliminarían las subvenciones públicas a las entidades, asociaciones y grupos que apoyen la ocupación de viviendas; dedicarían más esfuerzos de las policías municipales para prevenir la ocupación de viviendas, vigilar los pisos ocupados ilegalmente, detener a los implicados en tales delitos y asegurar la convivencia pacífica en los barrios.
Ciudadanos
La formación de Albert Rivera viene de unos buenos resultados pero se enfrenta a unas encuestas que no les favorecen en absoluto. En la sección de turismo, cultura y deporte proponen dotar de un marco regulatorio nacional al alquiler de viviendas de uso turístico y combatir la turismofobia; acabar con la actual fragmentación normativa entre las CCAA en la regulación de las viviendas turísticas y dar seguridad a los propietarios particulares que quieran poner sus viviendas en alquiler bajo esta modalidad. La intención también es mejorar los controles para acabar con la oferta ilegal y concienciaremos sobre las nefastas consecuencias para España de las campañas de turismofobia y la irresponsabilidad de quienes la promueven.
En el apartado de vivienda, infraestructuras y movilidad para las elecciones del 10-N, la formación naranja busca facilitar el acceso a un alquiler asequible aprobando una Ley nacional de vivienda e incrementaremos el parque de viviendas sociales de alquiler para ofrecer una alternativa a quienes no pueden permitirse una vivienda. También quieren eliminar trabas y simplificar trámites administrativos en la planificación municipal y en los proyectos de rehabilitación y construcción de viviendas. Otras propuestas en este sentido son desarrollar la figura de las viviendas dotacionales públicas para ofrecer un servicio de alquiler temporal a todas las personas con especiales dificultades para acceder a una vivienda en alquiler; fomentar el alquiler asequible impulsando la rehabilitación y la colaboración público-privada en la provisión de viviendas sociales y elaborar un plan de acción para erradicar el chabolismo y la infravivienda en el marco del Plan Estatal de Vivienda. Se quiere revisar la normativa que afecta a los alquileres de vivienda para reforzar la seguridad jurídica y dinamizar el mercado del alquiler. El objetivo es favorecer el acceso a una vivienda en régimen de alquiler, seguro y a precios asequibles con medidas sensatas alejadas de modelos fracasados como los controles de precios que proponen PSOE y Podemos.
En lo que se refiere a seguridad y defensa para estas próximas elecciones del 10-N, Ciudadanos aprobaría una ley contra la ocupación que promueva la recuperación inmediata de los inmuebles por sus propietarios y los juicios rápidos contra quienes vulneran la propiedad y dañan la convivencia; dar legitimidad a las comunidades de vecinos para iniciar el desalojo de viviendas okupadas en caso de inacción por sus titulares; endurecer las penas para las okupaciones violentas y perseguir a las mafias que se lucran con ellas o que las realizan para actividades delictivas como sucede con los narcopisos.
Unidas Podemos
Los de Pablo Iglesias parten desde una situación muy diferente en cada uno de los comicios. Para las elecciones del 10-N, buscan en su apartado “Horizonte verde y nuevo modelo industrial” rehabilitar al menos 500.000 viviendas al año para promover la eficiencia energética y la reducción de la factura de la luz. Incluirá el aislamiento térmico, la instalación de sistemas de calefacción y agua caliente eficientes y la iluminación de bajo consumo. Se dará prioridad a los hogares y barrios más vulnerables y a edificios situados en zonas menos pobladas. A consecuencia de estas intervenciones, las familias podrán llegar a reducir en un 50 % su consumo de energía y ahorrar un promedio de 400 euros anuales.
En lo que se refiere a garantizar la justicia social, Unidas Podemos quiere blindar en la Constitución el derecho a la vivienda como derecho fundamental y desarrollar legalmente las garantías de su efectividad. Esto implicará afrontar efectivamente el acceso a la vivienda como una cuestión de Estado. Se busca también garantizar un alquiler estable, asequible y seguro y para asegurar la renta y la estabilidad del contrato en beneficio de ambas partes, se implantará un contrato de arrendamiento indefinido, estableciendo causas claras de rescisión justificada. En este sentido también se busca crear un gran parque de alquiler público de precio asequible mediante la cesión obligatoria y las sanciones a los grandes tenedores de vivienda vacía; aumentar la inversión pública en vivienda hasta equipararla a la media europea; paralizar y revertir la privatización de viviendas públicas y la venta de suelo público; impulsar nuevas figuras de cesión de uso de vivienda a la Administración. La juventud tendría un acceso prioritario a este parque de viviendas.
También hay propuestas relacionadas con la lucha contra los fondos buitre y la especulación con la vivienda; la excesiva proliferación de pisos turísticos para recuperar la habitabilidad de nuestros barrios y avanzar hacia un modelo de turismo sostenible y los desalojos sin alternativa habitacional. Se busca también reforzar la protección de las personas sin hogar.
En cuanto a la denominada España vaciada, en Unidas Podemos opinan que la manera más eficaz de reducir la desigualdad es implementar medidas de discriminación positiva: un plan de choque para acelerar la equiparación de derechos y servicios, y para cerrar la brecha territorial. Se priorizaría el mundo rural y se descentralizaría las inversiones. Se buscaría reducir a la mitad el IBI de las poblaciones con menos de 5.000 habitantes y crearían un fondo para luchar contra la despoblación en las comarcas más vulnerables.
VOX
El partido de Santiago Abascal es algo más conciso. Sus planes electorales en este sentido pasan por tipificar la ocupación de viviendas como delito contra la propiedad privada. En sus 100 medidas urgentes para España, concretamente en el apartado de libertades y justicia, hablan de promulgar leyes antiokupacion y anti usura. Los españoles podrán hacer uso de la fuerza proporcional para defender su hogar, para ello se ampliará el concepto de legítima defensa. Tipificar la ocupación de viviendas como delito contra la propiedad privada. Reforma legislativa para que los okupas sean expulsados en cuestión de horas de las viviendas donde han entrado. La participación en estas conductas ilegales excluirá de las ayudas sociales.
Más País
Esta nueva formación con Íñigo Errejón dando el salto a la política nacional ha hecho del ecologismo su pilar principal. Sus principales medidas en materia de vivienda para las elecciones del 10-N van enfocadas a la mejora de la envolvente térmica, renovación de calefacción por sistemas eficientes, instalación de generación de energía eléctrica y mejoras para la accesibilidad y la movilidad sostenible (mejora de la movilidad peatonal y ciclista, puntos de recarga de vehículo eléctrico, etc). Se otorgarán subvenciones para una media de 700.000 viviendas al año priorizando los barrios más vulnerables, movilizando el doble de inversión privada, y se canalizarán hacia una bolsa de vivienda a precio asequible.
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