La Mesa del Congreso, con los votos del PP y Cs, ha ratificado el veto del Gobierno a la Ley de Vivienda impulsada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que fue registrada con la firma de los grupos parlamentarios de Unidos Podemos-En Comú-En Marea, junto con Esquerra Republicana (ERC), Compromís y Bildu, quienes ya han anunciado que recurrirán la decisión de la Mesa.
La Constitución otorga al Ejecutivo la prerrogativa de oponerse a la tramitación de aquellas propuestas que suponen, a su juicio, una disminución de los ingresos o un aumento de los gastos presupuestarios. En este caso, la iniciativa bloqueada incluye varias medidas destinadas a pinchar la llamada burbuja del alquiler, reforzar el parque público de pisos, combatir la pobreza energética e implantar la dación en pago retroactiva.
Pero el Ejecutivo ha calculado que tendría un sobre coste presupuestario cercano a los 90.000 millones de euros para los próximos diez años.
La cifra es el resultado de las estimaciones del Gobierno, que cuantifica en 89.490 millones de euros el coste que tendría conformar el parque de vivienda pública para alquiler social recogido en la ley, y otros 186 millones que dejarían de ingresarse con cargo al sistema eléctrico por el bono social.
Según los cálculos del Gobierno, se trata de casi 300.000 viviendas privadas que, a razón de 3.600 euros al año de alquiler, tendría un coste anual de 1.071 millones. Y otras 50.000 viviendas de grandes tenedores que obligarían a un coste anual de 189 millones, lo que supone 3.780 millones al final de las dos décadas de alquiler social a las que se les obligaría. Además, se suma el cambio de calificación de vivienda pública de régimen de propiedad a alquiler social, que a su juicio pasa por la expropiación. En total, habría que destinar 75.000 millones para proceder a ese cambio obligatorio para obtener 1,25 millones de viviendas protegidas públicas.
