Tratando de recuperar el terreno perdido en los anteriores comicios, el PP de Pablo Casado busca, en el apartado “Una revolución fiscal para el crecimiento económico y la competitividad” eliminar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados para la constitución de hipotecas en la compra de la vivienda habitual.
En lo que se refiere a sociedad del bienestar, concretamente en lo relacionado a los mayores, los populares proponen rehabilitar viviendas y su adaptación a las personas mayores o con discapacidad con el objetivo de promover la accesibilidad total en el domicilio y en el entorno.
En el apartado de vivienda y urbanismo, el PP propone incrementar la deducción fiscal a los arrendadores por los ingresos derivados de la renta de los alquileres de las viviendas que sirvan de residencia habitual, especialmente cuando los arrendatarios sean jóvenes o mayores de 65 años con ingresos bajos. Así como impulsar la oferta de vivienda de nueva construcción para alquiler asequible favoreciendo fórmulas de cooperación público-privada, que mantengan la propiedad pública del suelo y garanticen una mejor eficiencia de los recursos públicos. Las viviendas irán destinadas prioritariamente a familias con hijos.
También hay mención a la vivienda en el medio rural de cara a las elecciones del 10-N: establecerían nuevas líneas de ayuda en los planes de vivienda para favorecer el acceso a la vivienda y el establecimiento de nuevos vecinos en las zonas rurales con escasa población.
En lo relativo a la ocupación ilegal de viviendas, se aprobaría una reforma civil y penal para proteger a los propietarios y a las comunidades de vecinos contra la ocupación ilegal de viviendas, contemplando suprimir el delito de coacciones para acciones tales como cambiar la cerradura, cortar la luz u otras que los propietarios ensayen, sin autorización judicial, con el objeto de recuperar la posesión de la vivienda usurpada. Además, en este sentido reforzarían el delito de usurpación de viviendas pasando de multa a pena de privación de libertad de uno a tres años y se modificará el Código Penal para la lucha contra las mafias de la ocupación. El PP también piensa en agilizar los procesos penales para facilitar el desalojo de las viviendas ocupadas, destacando que se lucha contra la delincuencia y la ocupación ilegal, no contra aquellos que están en una situación de precario. Además, los populares eliminarían las subvenciones públicas a las entidades, asociaciones y grupos que apoyen la ocupación de viviendas; dedicarían más esfuerzos de las policías municipales para prevenir la ocupación de viviendas, vigilar los pisos ocupados ilegalmente, detener a los implicados en tales delitos y asegurar la convivencia pacífica en los barrios.
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