La Comunidad de Madrid no pondrá límites al precio del alquiler. Así de firmes se muestran en el equipo de Isabel Díaz Ayuso, que preside la coalición regional entre PP y Ciudadanos, ante la posibilidad de que cuaje la formación de un Ejecutivo bicolor a nivel estatal de PSOE y Podemos y, tal y como recoge su acuerdo de legislatura, se inste a las autonomías y/o ayuntamientos a establecer topes en las rentas que perciben los propietarios de inmuebles ubicados en determinadas zonas.
“Ofreceremos toda la resistencia en el ámbito de nuestras competencias frente a cualquier política de vivienda intervencionista, populista, demagógica o coercitiva que se intente imponer desde el Gobierno central”, asegura a El Mundo el consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez. “No secundaremos propuestas que impliquen una intromisión en la esfera individual”, apostilla.
En el pacto de legislatura suscrito entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias figura que se habilitará a las comunidades autónomas y/o ayuntamientos para que, “a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está desarrollando el Ministerio de Fomento, puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeta a revisión periódica”.
El objetivo, según dicho acuerdo, es que las administraciones “puedan regular las subidas abusivas” de las rentas en “las zonas previamente declaradas tensionadas”, es decir, donde el incremento “sostenido (…) obstaculice a sus habitantes el acceso y disfrute de una vivienda a un precio razonable y, con ello, el ejercicio del derecho a una vivienda”. Asimismo, se pretenden impedir “posibles efectos de contracción de la oferta” de este tipo de inmuebles.
“En la Comunidad de Madrid, bien sea mediante deducciones fiscales o ayudas al alquiler, impediremos en el marco de nuestras competencias que se topen precios para evitar que un mercado como es el del alquiler ahora que es transparente se pueda volver opaco con sobreprecios o fraudes de diversa índole”, insiste el consejero madrileño del ramo. En este sentido, Pérez señala los casos de Berlín y París, donde la aplicación de limitaciones de este tipo, asegura, “han fracasado”.
Aumento del parque público
En líneas generales, en el Gobierno de Ayuso rechazan todo el programa de medidas relacionadas con la vivienda pactadas por el PSOE y Podemos que resume con la etiqueta de “ideológicas”. A cambio, defienden que la línea de trabajo debe ser un aumento del parque de pisos públicos en régimen de alquiler.
En este sentido, la Comunidad de Madrid está trabajando en el denominado Plan Vive para la construcción en colaboración con el sector privado de 15.000 pisos en cuatro años y otros 10.000 la próxima legislatura destinados a colectivos vulnerables que se arrendarán a la mitad del precio de mercado. El departamento de David Pérez ya ha empezado a tramitar los pliegos para la adjudicación de los primeros lotes de suelo -1,2 millones de metros cuadrados en 43 municipios- en los que se levantarán los edificios, prevista a lo largo de este 2020.
Según un informe hecho público esta semana por la consultora Gesvalt, el desembolso para pagar el alquiler en Madrid, situado en una media de 15,86 € por metro cuadrado y mes, sigue “acercándose cada vez más” al de Barcelona, que lidera este ranking con 16,72 €. Aun así, en el último trimestre de 2019 en la región se ha producido una ligera caída del 0,8% respecto al periodo comprendido entre julio y septiembre.
Medidas «intervencionistas»
El responsable de Vivienda en el Ejecutivo de Sol, tras analizar las medidas propuestas para controlar el aumento de las rentas incluidas en el pacto de Sánchez e Iglesias, asegura que tiene la impresión de que “el PSOE hubiera delegado por completo este capítulo a Podemos o incluso a la Plataforma Anti Hipotecas”. “Intervencionismo en la regulación del mercado inmobiliario y proteccionismo populista en las medidas más políticas son los dos rasgos principales de este programa que, sin embargo, no precisa en modo alguno qué recursos presupuestarios destinará a la política de vivienda, quedando todo en un mero voluntarismo demagógico”, señala.
Además, Pérez critica que el programa de Gobierno de los dos partidos de izquierda hable de “transparencia en la información sobre vivienda pública” cuando los españoles han asistido «al mayor ejercicio de opacidad de la democracia» en las negociaciones para la investidura del presidente en funciones. “Y aún ignoramos el calado de las cesiones socialistas hacia independentistas, marcas blancas batasunas o antisistema. Hoy ya sabemos que la vivienda es una cuestión cedida al populismo de Podemos”, concluye.
Fuente: El Mundo
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