La vivienda es uno de esos temas que siempre está de actualidad. También fue un tema recurrente durante la pasada campaña electoral, tanto a nivel nacional como autonómico. También fue una de las primeras preocupaciones a las que hizo referencia el nuevo presidente en funciones. Lo cierto es que la situación política en la que nos encontramos desde las elecciones del 28 de abril frena la vivienda y todas aquellas medidas que deben mejorar el sector. El Ministerio de Fomento tuvo que ponerse manos a la obra y diseñar una buena serie de medidas.
Principales objetivos a abordar
Los objetivos, principalmente la burbuja del alquiler, y la escalada en los precios de compraventa a niveles de antes la crisis en ciudades como Madrid y Barcelona. Ha pasado el tiempo, han pasado las elecciones, y la falta de acuerdos aún frena la vivienda y el acceso a la misma.
Según cifras del Consejo General del Poder Judicial, durante el primer trimestre de 2019, la cifra de desahucios por no pagar el alquiler mensual superó la cifra de 10.000 por primera vez desde 2013. Más de 110 cada día. Además, las rentas siguen subiendo: en la primera mitad del año, el precio creció un 2,7% de media en todo el país, según los datos de Fotocasa. Precisamente, este es uno de los puntos en los que las reformas han encallado: la creación de un índice de precios de referencia del alquiler ha quedado relegada y no ha avanzado nada pese a las reclamaciones de diferentes partes del sector.
Tras descartar el tope de precios y reconducir su utilidad a una base estadística sobre la que aplicar políticas fiscales que incentiven el alquiler, el Gobierno se comprometió el pasado mes de marzo a crear este indicador de seguimiento a partir de datos de la Agencia Tributaria, el Registro de la Propiedad, el catastro o los registros administrativos de depósitos de fianza, con los precios mensuales por metro cuadrado en zonas geográficas tan precisas como barrios. Cinco meses después, el Ministerio de Fomento ha asegurado que ya ha mantenido contactos para avanzar en este proyecto.
Colaboración privada
Otra de las medidas que se presentó como prioritaria por el Gobierno tras la moción de censura fue la creación de un parque público de vivienda «suficiente y asequible» para atender las necesidades de las personas más vulnerables y rebajar la presión sobre el mercado. El nivel del alquiler social en España apenas alcanza el 2,5% del total del parque y se necesitan como mínimo 1,5 millones de casas de arrendamiento asequible.
Fomento anunció la puesta en marcha de los trabajos para introducir 20.000 nuevas casas en este régimen y dijo también que promovería la colaboración público-privada para sacar adelante las medidas. Eso sí, cualquiera diría que estos trabajos llevan un ritmo más lento de lo que el mercado necesita.
De esta forma, Fomento ultima un plan para agilizar la salida a concurso de suelos públicos urbanizables a nivel municipal con el objetivo de que las constructoras y promotoras puedan levantar proyectos residenciales que se incorporen al parque público de vivienda. La medida permitiría a las promotoras acceder a una mayor superficie de suelo y con mayor celeridad y explotar dichas viviendas a largo plazo, al tiempo que se aliviaría el problema de accesibilidad de los ciudadanos. El proyecto se encuentra en una fase avanzada, aunque el periodo electoral frena la vivienda nuevamente y las partes negociadoras se han emplazado a una nueva reunión en septiembre, con la esperanza de que se haya conformado para entonces un Gobierno en firme.
La opinión de las inmobiliarias
Fuentes del sector aseguran que urge construir sobre todo en Madrid y Barcelona, siendo más fácil en la capital debido a que es una ciudad más proclive, por su gobierno, a trabajar con el sector privado.
Algunas partes del mercado ya empiezan a cuantificar las consecuencias de ese bloqueo político que frena la vivienda. La Federación de Asociaciones Inmobiliarias asegura que las operaciones de compraventa cayeron un 12% en el segundo trimestre de 2019 respecto al mismo periodo del año anterior por «la subida ininterrumpida del precio de la vivienda desde 2015 y la inestabilidad provocada por un prolongado ciclo electoral».
Con las cifras en la mano (recopiladas en su informe correspondiente a los meses de abril, mayo y junio), «la Federación reclama desbloquear la actual situación política, marcada actualmente por un gobierno en funciones, para abordar con consenso las medidas estructurales que la economía necesita y que doten de estabilidad al mercado» y pide, además, promover un Pacto de Estado de Vivienda.
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