El compromiso de limitación de los precios del alquiler en zonas tensionadas plasmado por el PSOE en su pacto de Gobierno con Unidas Podemos vuelve a tambalearse. Este jueves el Banco de España sacó un informe en el que señala que controlar los precios de los alquileres puede tener “efectos adversos potencialmente significativos”, sobre todo si la medida es prolongada, entre ellos la reducción del número de viviendas en el mercado y el recorte de los gastos de mantenimiento por parte de los propietarios.
Horas más tarde, la vicepresidenta tercera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, afirmaba que las ciudades que están regulando el precio del alquiler de vivienda no están teniendo “mucho éxito”, y abogaba en su lugar por concentrarse en aumentar la oferta a través del Plan de Vivienda que prepara el Ministerio de Fomento.
La opción de limitar precios ya se firmó en octubre de 2018, pero el Gobierno socialista se resistió a incluirlo en el decreto que varió la Ley de Arrendamientos Urbanos, lo que propició un primer rechazo del texto por parte de sus socios. Finalmente, el texto fue aprobado ante la inminencia de una nueva convocatoria electoral. Cuando se firmó el primer acuerdo la subida de los precios de los alquileres estaba en un momento álgido, mientras que ahora están moderándose o al menos subiendo con menos virulencia.
El Banco de España, contrario a la medida
La entidad, que ya se había pronunciado contra la regulación, constata que la regulación de los precios de la vivienda de alquiler es “efectiva” a corto plazo al mejorar la accesibilidad y la sobrecarga del coste, si bien advierte de que presenta “efectos adversos potencialmente significativos” a medio y largo plazo, como un aumento del precio en segmentos no regulados.
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